La página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publica el borrador de real decreto de prórroga de la situación de sequía para los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y el Segura.

El objetivo de este nuevo real decreto es prorrogar por segunda vez consecutiva las previsiones vigentes, hasta la nueva fecha de septiembre de 2017, tras constatar el mantenimiento de la situación de sequía que llevó a la aprobación de los reales decretos 355/2015 de 8 de mayo y 356/2015 de 8 de mayo, con vigencia hasta 31 de diciembre de 2015, y su posterior prórroga mediante disposición adicional del real decreto 817/2015, de 11 de septiembre, en que se ampliaba la vigencia de medidas hasta el 30 de septiembre de 2016.

La lectura de los dos documentos iniciales de esta declaración de sequía (reales decretos 355/2015 y 356/2015) permite observar la mención expresa del uso de los recursos subterráneos como fuente de agua adicional en condiciones excepcionales de sequía, así como los recursos procedentes de la desalación de agua de mar, de volúmenes aportados por embalses de defensa contra avenidas y de los obtenidos por la puesta en servicio de instalaciones de desalobración de aguas subterráneas.

Llama la atención que no se haga mención expresa en estas normativas a las aguas regeneradas disponibles en ambas cuencas, especialmente en sus zonas costeras. Estas aguas regeneradas se vienen utilizando desde hace años y tienen todavía amplias posibilidades de utilización para paliar las sequías, contribuyendo así a implantar una mejor gestión de los recursos, tanto para la protección y mejora ambiental como para el suministro de agua para riego agrícola y de jardinería.

Cabe esperar que las crecientes manifestaciones, en declaraciones y publicaciones técnicas, sobre la idoneidad y el potencial de las aguas regeneradas como elemento esencial de la gestión integrada de los recursos vaya incorporándose y reconociéndose para sus múltiples variedades de usos. Habría de ser similar a como hace el estado de California desde hace varias décadas, cuando trata de presentar la resiliencia de su gran industria hortícola y hortofrutícola, con el apoyo institucional tanto de recursos hídricos como de salud pública y el refrendo de la agencia federal de medicamentos y alimentación (Food and Drug Administration).