Cuanto más se analizan las formas de gestión de los recursos hídricos en el mundo, más evidente aparece la diversidad de opciones implantadas en territorios que, por otra parte, pueden parecer similares. Un caso muy ilustrativo es la gestión descoordinada que se aplica a las aguas subterráneas en California. Pero esa situación está en proceso de cambio y California podría ser en muy breve plazo el último estado del oeste en regular la extracción de aguas subterráneas, mediante una estrategia sin precedentes de gestión de acuíferos propuesta en la cámara legislativa.

Tras largos debates, el congreso californiano aprobó a finales de agosto un paquete de tres leyes que otorga al gobierno estatal la tarea de supervisar la extracción de estas aguas. La legislación, que ha sido firmada por el gobernador Edmund Brown el pasado lunes, exigirá a los gestores de acuíferos de ciertas zonas a redactar planes de protección frente a su sobre-explotación. El estado podrá revisar esos planes y se reserva la potestad de intervenir en caso de que esos planes no lleguen a prepararse o a implantarse. California puede regular los recursos extraídos de cauces y embalses pero carece actualmente de autoridad para supervisar a nivel estatal la extracción de aguas de los acuíferos.

Los propietarios del terreno tienen generalmente el derecho de extraer el agua existente bajo la superficie de sus parcelas. A medida que la disponibilidad de aguas superficiales ha disminuido a causa de la intensa sequía, los agricultores y otros usuarios han recurrido a los pozos como fuente de recursos. Se estima que un 65% de los recursos utilizados en California durante el presente año hidrológico procederán de los acuíferos, frente al 40% utilizado en años normales.

Congresistas demócratas y republicanos del Central Valley, cuyos votantes forman esa floreciente zona agrícola del estado, se oponen a la nueva legislación. Mientras que los demócratas reclaman un nivel de apoyo (económico y financiero) similar al concedido a otras recientes propuestas legislativas, los republicanos manifiestan su rechazo a unas leyes deficientemente elaboradas que darán demasiado control al estado y que podrían tener efectos devastadores sobre los propietarios de las fincas y sus trabajadores, los negocios, las familias y poblaciones enteras del Central Valley.