El diario Los Angeles Times publicó el pasado 5 de febrero una interesante noticia sobre los planes del gobierno californiano para evitar una prolongada batalla legal sobre la adopción de nuevas normas estatales que obligarán a algunos de los grandes usuarios de agua del Estado a reducir sus extracciones desde los cauces fluviales, ayudando así a las estresadas poblaciones piscícolas.

Los responsables estatales consideran que un tal acuerdo es condición indispensable para avanzar en la implantación de las políticas hídricas del gobierno estatal, que se encuentran paralizadas por los interminables conflictos sobre el Delta de Sacramento-San Joaquín, fuente de agua para la mayor parte del Estado y hábitat de algunas de las especies piscícolas en mayor peligro de extinción.

En palabras del propio gobernador, “esos acuerdos…aumentarán significativamente

el volumen requerido de agua que debe fluir por los ríos y el Delta. Requieren una aportación histórica de 27.000 ha de hábitat crítico. Mi gobierno propone un camino de progreso, un camino que superará las viejas facciones hídricas y nos situará en una posición favorable a las puertas de un futuro hídrico seguro y próspero”. No obstante, no es evidente que los principales partícipes de todo este acuerdo estén dispuestos a seguir por ese camino.

El plan propuesto amplía los detalles de un acuerdo previo que fue rotundamente denunciado por los grupos ambientalistas y los grupos piscícolas. Algunos de ellos siguen sin estar impresionados por la nueva versión del acuerdo. Por otra parte, la mayor parte de las comunidades de regantes de las grandes explotaciones agrarias, que han litigado para paralizar las nuevas exigencias sobre los caudales, se mantienen en silencio. El consejero delegado de Metropolitan Water District of Southern California – el mayor usuario urbano del agua suministrada desde el Delta – designó las declaraciones del gobernador como “un paso prometedor”, añadiendo que “queda mucho más trabajo por hacer”.

En el horizonte se vislumbra la controversia sobre las propuestas del gobierno federal de rebajar las protecciones de las especies piscícolas en peligro de extinción en el Delta. El gobierno californiano anunció el pasado otoño que llevaría esa iniciativa ante los tribunales, para impedir que se realicen esas reducciones, aunque todavía no lo ha hecho. En palabras del gobernador, “aunque estamos comprometidos a colaborar con el gobierno federal en los puntos en que podamos…continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance – incluidas las acciones legales – para asegurar que el gobierno federal cumple con sus obligaciones” de proteger el medio ambiente.

La nueva propuesta ofrece mayores caudales piscícolas que los indicados en el primer borrador, aunque el volumen sigue siendo inferior al requerido por las nuevas normas estatales adoptadas al final del mandato del anterior gobernador. A su vez, las normas estatales requieren unos caudales significativamente inferiores a los que los científicos han indicado que son necesarias para restaurar parcialmente las migraciones estacionales de salmónidos que han desaparecido prácticamente casi por completo en muchos ríos del centro y norte del Estado.

Esas normas, adoptadas por el Consejo Estatal de Control de los Recursos Hídricos a finales del 2018, fueron consideradas como el primer paso de un intento histórico de obligar a que las ciudades y las explotaciones agrícolas extrajeran menos agua desde los sistemas fluviales intensamente explotados que alimentan al Delta, así como del propio Delta. Dejar que los ríos tengan mayores caudales no solo mejorará la calidad del agua y ayudará a las poblaciones piscícolas estresadas, sino que también permitirá enviar mayores caudales a través del Delta, que es parte del mayor estuario de la costa occidental.

El Consejo Estatal del Agua anunció que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con los usuarios del agua para evitar largos años de batallas judiciales. El gobierno del anterior gobernador inició las conversaciones preparatorias de ese acuerdo, meses antes de la votación de Consejo, elaborando una propuesta que está siendo revisada ahora por el actual gobierno. No obstante, los cambios no han ablandado a los críticos.

En palabras de la asesora de Defenders of Wildlife, un grupo ambientalista que participó en las conversaciones de anteriores acuerdos, “desde nuestro punto de vista, este acuerdo está basado en arenas movedizas en lugar de ciencia creíble”. “Cuando se negocia un acuerdo, un ingrediente esencial de cualquier compromiso satisfactorio es que cumpla con las leyes de protección ambiental vigentes. Este acuerdo no lo hace y por tanto terminará fracasando”. La principal queja de la asesora a este respecto reside en que la propuesta parece permitir que quienes extraen agua del Delta queden ampliamente liberados de unas mayores limitaciones de caudales, despejando el camino para que puedan llevar a cabo los mayores trasvases que las medidas más liberalizadoras del presidente Trump proponen.

Dos grupos de protección ambiental, American Rivers y el Environmental Defense Fund, manifestaron su entusiasmo por la propuesta estatal, pero no acababan de sentirse convencidos para apoyarlo. La directora del Departamento de Recursos Hídricos indicó que los trasvases desde el Delta a través del State Water Project, que abastece Metropolitan Water District, serían similares o inferiores a los actuales.

El acuerdo final permitiría, a lo largo de muchos años, aumentar los caudales circulantes por los afluentes del Delta y el estuario en unos volúmenes de entre 1.000 hm3 y 1.100 hm3 adicionales a los valores medios actuales, de acuerdo con los responsables del gobierno estatal. Esos objetivos se alcanzarían mediante una variedad de medidas. Algunas transferencias de agua serían suprimidas. Se utilizaría un nuevo canon sobre el uso del agua, así como fondos estatales, para financiar compras de agua destinadas al medio ambiente. Se financiarían igualmente nuevos proyectos, tales como la recarga de acuíferos, para liberar extracciones de aguas superficiales destinadas a abastecimiento.

Visto en su conjunto, el acuerdo requeriría unas inversiones de más de 5 millardos de dólares en la mejora de hábitats, compras de agua y abandono de tierras de cultivo, durante un periodo de 15 años. Los contribuyentes estatales habrían de proporcionar un 42 % de esos fondos, los usuarios del agua un 44 % y el gobierno federal el 14 % restante. Según los responsables del gobierno, mientras los caudales sean inferiores a los requeridos por el Consejo Estatal del Agua, el acuerdo exige que se aumente la restauración de hábitats. En palabras del Ministro de Recursos Naturales, “estamos convencidos de que eso es científicamente adecuado”.