Un reciente informe del Public Policy Institute of California (PPIC) explora los tres grandes retos que la gestión del agua habrá de afrontar en el emporio agrícola californiano del Valle de San Joaquín: 1) equilibrar la disponibilidad con la demanda de agua, 2) afrontar la calidad del agua subterránea y 3) plantearse los procesos de transición en el uso del agua y del suelo. El informe trata igualmente varios enfoques prometedores con los que afrontar dichos retos.
El Valle del río San Joaquín, la mayor región agrícola de California y un contribuyente importante del suministro de alimentos de la nación, se encuentra en un momento de grandes cambios. El valle representa el punto de referencia emblemática de muchos de los problemas de gestión hídrica más difíciles que se plantean en el Estado, entre los que cabe mencionar la sobre-explotación de los acuíferos, la contaminación de las aguas de consumo humano y el declive de los hábitats y las especies nativas.
Los abastecimientos locales de agua en el valle son limitados, especialmente en la parte meridional del Estado. Para regar sus cultivos, numerosos agricultores utilizan caudales de agua importados desde el Delta del Sacramento-San Joaquín. Además de esos caudales, los agricultores de muchas zonas han recurrido a la sobre-explotación de acuíferos, mediante el bombeo de unos caudales de aguas subterráneas superiores a sus tasas de recarga. Las intensas sequías, las nuevas reglamentaciones para proteger las especies piscícolas locales en peligro de extinción y las crecientes demandas de agua solicitadas por la región sur del Estado sobre los recursos del Delta han deteriorado la disponibilidad de aguas superficiales.
La Ley de Gestión Sostenible de las Aguas Subterráneas (SGMA) exige que los usuarios de fuentes locales de agua alcancen unos niveles sostenibles del uso de aguas subterráneas a comienzos de los años 2040. Este requisito tendrá un gran impacto tanto en la agricultura del valle como en la economía regional durante los próximos años, obligando muy probablemente al abandono permanente del cultivo en ciertas superficies de tierras agrícolas.
El informe del PPIC explora tres retos críticos a los que se enfrenta el Valle de San Joaquín y revisa los planteamientos más prometedores con los que afrontarlos:
- Equilibrar las disponibilidades con las demandas de agua. Para resolver el déficit de aguas subterráneas, las agencias responsables de la sostenibilidad de los acuíferos sobre-explotados del valle habrán de aumentar la disponibilidad, reducir las demandas o adoptar una combinación de estas dos estrategias. Aunque en este momento se está considerando un amplio abanico de opciones, no todas ellas son igualmente efectivas o viables.
- Afrontar los retos de la calidad de las aguas subterráneas. Una calidad deficiente del agua subterránea deteriora los abastecimientos de agua de consumo humano de las comunidades rurales desfavorecidas, reduce la prosperidad agrícola a largo plazo y degrada los ecosistemas. El suministro de un agua de consumo humano segura es una prioridad urgente. A largo plazo, todos los afectados necesitarán realizar una gestión conjunta de la cantidad y la calidad del agua, con objeto de aprovechar las sinergias y evitar las consecuencias imprevistas. Asegurar la coordinación necesaria será un verdadero reto, debido a que las numerosas entidades locales y regionales responsables de implantar los diversos programas sobre la calidad del agua del valle carecen de una coincidencia clara entre sus competencias y sus fronteras geográficas.
- Fomentar la transición favorable del uso del agua y la tierra. Afrontar de forma efectiva tanto la escasez de agua como los cambios resultantes en el uso del suelo en el Valle de San Joaquín ofrece oportunidades para que las tierras que se dejen de cultivar puedan dedicarse a un buen uso, permitiendo así conseguir “más beneficio por cada gota” de los recursos hídricos disponibles. Los enfoques dirigidos a conseguir beneficios múltiples, tanto sobre la gestión del agua como del suelo, pueden aumentar la recarga de aguas subterráneas y mejorar la calidad del aire y el agua. Pueden igualmente promover unos suelos más saludables, nuevas oportunidades recreativas, una protección adicional frente a las inundaciones, unos hábitats mejorados y nuevas fuentes de beneficios para los propietarios de tierras privadas que opten por una gestión orientada hacia el ahorro y la conservación.
Afrontar unos temas tan complejos y entrelazados como estos requerirá unos cambios significativos en la gestión del agua y el suelo, así como una intensificación de la cooperación y la coordinación entre un amplio grupo de participes. La búsqueda de soluciones que ofrezcan beneficios múltiples acrecentará las posibilidades de alcanzar un triunfo conjunto. Toda la región afectada, y California en su totalidad, se verán beneficiadas si las soluciones a estos grandes retos tienen un coste-beneficio favorable e impulsan la economía del valle, a la vez que permiten mejorar la salud pública y el medio ambiente natural.
La nota de prensa ofrecida en la página web del PPIC ofrece una interesante presentación del informe, bajo el título de “Todo el mundo a cubierta”: un enfoque necesario para gestionar la creciente situación de estrés en el Valle de San Joaquín.
A continuación se presentan varios apartados de gran interés, complementarios a los incluidos en la reseña anterior.
Implantar la Ley estatal de Gestión Sostenible de las Aguas Subterráneas, en la que se exige que los acuíferos sobre-explotados alcancen el equilibrio entre la oferta y la demanda para los años 2040, traerá consigo grandes cambios en el sector agrícola del valle del río San Joaquín, el uso regional del suelo y la economía local.
El ritmo de extracción de aguas subterráneas en el valle se aceleró durante el episodio de sequías de 2012-16. Durante las tres décadas pasadas, el déficit anual de aguas subterráneas del valle ha alcanzado un valor medio de casi 2.500 hm3/año, equivalente a la capacidad del embalse de Don Pedro, situado en las estribaciones de la Sierra Nevada y el sexto en capacidad de los existentes en el Estado. Tan solo una cuarta parte de ese déficit puede compensarse con nuevos recursos, que los agricultores pueden permitirse desde el punto de vista económico. Detener el proceso de sobre-explotación requerirá el abandono del cultivo agrícola en al menos 200.000 ha de tierras de regadío.
Una solución prometedora para alcanzar ese equilibrio de la gestión de las aguas subterráneas es permitir un aumento del comercio del agua, en cuanto que puede reducir significativamente los impactos causados por la terminación de la sobre-explotación, autorizando a los agricultores a que puedan mantener los cultivos con mayor generación de beneficios y puestos de trabajo. El coste de esa transición hidrológica se podría reducir a la mitad si los agricultores pudieran comercializar libremente el agua dentro de su cuenca hidrográfica. Si esa comercialización de los recursos hídricos se pudiera realizar en zonas más amplias de la región, más allá de los límites de las cuencas hidrográficas, los costes se podrían reducir hasta en unas dos terceras partes.