En una actuación de urgencia para ayudar a la población a paliar los efectos de la devastadora sequía que afecta a California y los continuados efectos del cambio climático, el gobernador del estado firmó, el pasado viernes 27 de marzo, una ley de emergencia que acelera la disponibilidad de 1 millardo de dólares para financiar ayudas contra la sequía y la implantación de proyectos de infraestructuras hidráulicas críticas.

El gobernador manifestó que “esta financiación es solo una parte de un esfuerzo mucho más amplio para ayudar a los más afectados por la sequía y preparar el estado ante un futuro incierto”, “pero ha de quedar muy claro que no hay previsión de lluvias y todos y cada uno de los ciudadanos han de hacer el máximo posible para ahorrar agua”. El gobernador, junto con congresistas demócratas y republicanos, anunció el acuerdo parlamentario que ha permitido esta financiación millonaria, destinada a acelerar las ayudas financieras de emergencia para alimentos, agua de consumo humano, reutilización de agua, promoción del ahorro de agua, modelación de sistemas hídricos, seguimiento de especies, infraestructuras y protección contra las inundaciones.

Este anuncio es una continuación de las actuaciones sin precedentes del Consejo Estatal de Control de los Recursos Hídricos durante el pasado año, ampliadas en marzo de 2015, según las cuales se prohíbe el malgaste del agua y se alienta a los californianos a que ahorren agua. Estas normas de emergencia – las más estrictas a nivel estatal en la historia de California – incluyen límites estrictos para el riego de jardinería exterior (dos días a la semana en la mayor parte del estado), prohibiciones de lavar con mangueras superficies exteriores, fuentes decorativas que no recirculen el agua y el lavado de coches sin una manguera de cierre automático, así como la exigencia de que bares y restaurantes solo sirvan agua si la piden los clientes y que los hoteles pregunten a los clientes que pernocten varios días, si desean que les cambien las sábanas y las toallas cada día.

Durante los dos últimos años, los gestores hídricos estatales y federales han reducido también las asignaciones de agua desde el State Water Project y el Central Valley Project para usos agrícolas, hasta límites históricamente mínimos – entre cero y un 20% de los caudales contratados. A medida que los agricultores se adaptan a estas condiciones históricamente tan áridas, el Departamento de Alimentación y Agricultura ha ofrecido 10 millones de dólares en ayudas para implantar más de 150 programas de ahorro de agua que han de ayudar a preservar centenares de hectómetros cúbicos de agua en todo el estado. La ley recién aprobada ofrece otros 10 millones de dólares adicionales para continuar este programa.